Escolares sufren por estudiar en Túcume.
La Contraloría General de la República lanzó una grave advertencia sobre la vulneración de derechos fundamentales de 102 estudiantes de primaria de la Institución Educativa n.° 10227 – San Bernardino, en el distrito de Túcume, quienes actualmente reciben clases en viviendas particulares y en condiciones altamente precarias, tras la demolición de su centro escolar a fines de marzo. Según el Informe de Visita de Control N.° 012-2025-OCI/4455-SVC, elaborado entre el 3 y el 9 de abril, la falta de un local adecuado no solo pone en riesgo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que afecta el bienestar socioemocional, la salud y la seguridad de los escolares.
Las clases se imparten en patios, salas e incluso corrales de casas de padres de familia, muchos de ellos a la intemperie y sin acceso a servicios básicos adecuados. No hay conexión a internet, el material educativo es insuficiente y los servicios higiénicos se reducen a letrinas compartidas, lo que expone a los menores a infecciones urinarias, enfermedades respiratorias y otras afecciones vinculadas a la insalubridad.
“La situación vulnera el derecho fundamental a una educación equitativa y de calidad”, señala el informe, que también advierte que los estudiantes no pueden acceder a clases de educación física ni utilizar correctamente los recursos tecnológicos asignados por el Estado. Aunque el colegio dispone de 45 tabletas operativas para los grados superiores, no pueden ser aprovechadas por falta de conectividad y espacios adecuados. Además, otras 20 tabletas están inoperativas y 21 se encuentran obsoletas, lo que agrava la brecha tecnológica.
La demolición del plantel se realizó el 29 de marzo, previa autorización de la UGEL Lambayeque, debido a que el local se encontraba en condiciones estructurales inhabitables, según el informe N.° 0018-2025 de la Municipalidad Distrital de Túcume. El documento advertía daños severos, riesgo de inundaciones, instalaciones eléctricas deficientes y alta vulnerabilidad sísmica.