Existe una carpeta fiscal de N.º 1055-2025 y hasta la fecha no han efectuado una diligencia.
“Es él. Es él”, repite, mientras se le arruga el corazón y sus ojos se inundan de lágrimas. Y, antes de lanzar un grito de parturienta, tragó una bocanada de saliva. “¿Por qué tú? ¿Por qué, hijito?”. Ahora el dolor le ha doblado las piernas, está pegadita al cuerpo calcinado, ¿lo ves? Sus ojazos del color robado al café amargo están fijos en el cuerpo carbonizado. La ropa está pegada a los huesos. Su piel ha sido consumida por el fuego salvaje. Sus manos han sido arrancadas con crueldad. Es el cuerpo del terror, de la parálisis, de la barbarie como mensaje
Esto ocurrió el año pasado. Después de varios días de invierno, vuelvo a buscar a la mujer de rostro de piedra, de ilusiones deshilachadas y del dolor fresco en el pecho. “Ya no tiene sentido denunciar”, asegura con un tono de voz desanimado, de esos que se les dice a los testigos de Jehová, cuando tocan tu puerta. Sí, a esos que te los quieres quitar de encima lo más antes posible. “¿Qué si ya no me duele la partida de mi hijo? Qué hablas, joven. Para ustedes, mi hijo fue noticia un día, pero para mí será toda la vida, ¿entiende?”, acota y vuelve a caminar por esas calles angostas y polvorientas. “¿A quién le importa los muertos en Pataz? ¿Existe justicia en ese cerro maldito?”, disparó antes de perderse bajo ese cielo movedizo por el invierno, por el clima de la altura liberteña.
Así como esa madre herida de muerte, hay muchísimas más víctimas en Pataz, y todos los deudos han tomado la postura de la desconfianza en la justicia. Las palabras de los fiscales y jueces son lejanas, son sustantivo, solo se quedan en promesas. Y, razón no les falta. En el Ministerio Público hay muchas carpetas abiertas, están que se empolvan en las oficinas de los magistrados. Hay denuncias graves contra militares y policías. Es decir, se coluden con los criminales para quitar territorios mineros. Así lo demuestra la denuncia de fecha del 29 de octubre del 2025:
“Aproximadamente, a las 12:30 horas, personal del ejército, bajo el mando del mayor Víctor Andrade Segura, ingresó de manera arbitraria e ilegal al interior de la labor minera ‘Minero Pataz EPS N.º 1’, ubicado en el distrito y provincia de Pataz, departamento de La Libertad, dentro de un área registrada en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y con Igafón”.
“El accionar de dicho contingente tuvo una finalidad completamente ajena al interés público, según se pudo constatar y corroborar posteriormente, el personal militar facilitó el ingreso de personas al margen de la ley, vinculadas a los individuos conocidos como Luis Cueva y la familia Centurión; quiénes actúan como subcontratista de la empresa minera ‘La Poderosa S.A’. Estas personas aprovechando la protección irregular del personal del ejército, ingresaron al interior de la bocamina y socavones con la finalidad realizar ‘sollamados’ clandestinos, extrayendo la forma ilegal mineral aurífero previamente obtenido por el personal formalizado y autorizado, lo que ocasionó un grave perjuicio económico que se estimó aproximadamente $200, 000, 00 dólares americanos”.
“Posteriormente, dichas personas conocidas como ‘parqueros’ continuaron con la extracción y excavación del mineral aurífero a través de un socavón contiguo, con la participación de Vianny Vercelly Centurión Miguel, Luis Javier Chacón Centurión y Antonio Luis Cuevas Rojas, consumando de esa forma los delitos de usurpación agravada y extracción de recursos naturales”, cierra la denuncia penal.
Y a esa denuncia se anexa videos de trabajadores que reconocen a su patrón: “Colaboren, compañeros. Todos arriesgamos la vida, compañeros. No seamos huevones, ya perdimos. Trabajamos para la señorita Vianny Centurión, han dejado arriba 15 seguridades. Escuché que han entrado arriba a saquear. Nosotros hemos estado limpiando y nos han obligado a subir al puesto de seguridad. Han bajado los 15 y nos han obligado a subir a nosotros cinco”.
En Pataz se vive en guerra, el que gana reclama el botín, después que tomaron posesión del nivel minero, los chalecos con el debo en el gatillo de las armas largas cuidan y ordenan a los más débiles que incineren toda la maquinaria que se encuentra en el campamento minero. Y ahí ese día, había un trabajador, lo agarraron de los pelos, lo arrastraron y lo botaron al fuego. Ese era el hijo de esa madre que aún llora en silencio, en un costado de su cama, de esa madre que ya perdió la esperanza que los responsables de tan macabro crimen paguen por su culpa.
Y pocos días después, hubo otro asesinato, los responsables son las mismas personas denunciadas: Centurión y Cueva. Sin embargo, en ese hecho macabro, hay un agravante, se encontró un fusil de asalto que pertenecía a la policía. A inicios del 2026, en la gestión del general de La Región La Libertad, Franco Moreno Panta, se detuvo a integrantes de la banda criminal ‘Los Centurión’ y otra vez se encontró dos fusiles AKM con series 634140 y 632274, ocho cacerinas de AKM en mal estado, 215 municiones AKM 5.39×85 y 235 municiones AKM 3.39 85. ¿Quiere saber como las armas de la policía llegaron a Pataz? ¿Quién está detrás de las masacres de Pataz? Le invitamos a que no se pierda la segunda parte de esta investigación.
Se necesita que las autoridades se pongan fuerte y siembren la justicia en ese páramo de sangre llamado Pataz. Hay varias carpetas abiertas a nivel del Ministerio Público. Existen denuncias de víctimas en las comisarías de la sierra liberteña. Sin embargo, se vuelven documentos muertos y sirven de guarida de las arañas. ¿Qué entidad del Estado supervisa esa injusticia a flor de piel?
Más datos :
Revisando expedientes datan desde tiempos de pandemia. ¿Buscan beneficiar a alguien? ¿A quién realmente encubren las autoridades? ¿O será que el Estado no cuenta con el personal idóneo para liderar estás pesquisas?
¿A quién defienden los militares?
Personal militar se negó de manera expresa a permitir la intervención de la Policía Nacional del Perú, pese a que los efectivos actuaban bajo el amparo del artículo 259 del Código Procesal Penal, que autorizan el ingreso inmediato ante la flagrancia delictiva o cuando exista peligro de desaparición de pruebas o de afectación de la vida de las personas.
Incluso ante la insistencia del personal de la policía para verificar la posible presencia de personas retenidas o heridas al interior de la mina, el mayor del ejército mantuvo su negativa, invocando una supuesta orden de mando que nunca exhibió un documento.
Pasado más de 4 horas y cuando los indicios delictivos ya habían sido alterados o retirados, el citado oficial del ejército autorizó parcialmente el ingreso policial, restringiendo el desplazamiento a un sector previamente delimitado, evitando que se llegara al punto donde se encontraban los socavones.