La provincia de Pataz, en la región La Libertad, continúa siendo uno de los principales focos de preocupación por la expansión de la minería ilegal y la presencia de organizaciones criminales que disputan el control de zonas auríferas. Aunque el Estado ha reforzado las operaciones de seguridad durante el último año, especialistas y autoridades coinciden en que el nuevo gobierno deberá implementar medidas más contundentes para recuperar el principio de autoridad y reducir la violencia.
Operativos dejaron resultados, pero persisten las amenazas
Tras el asesinato de 13 trabajadores mineros en mayo de 2025, el Gobierno amplió el estado de emergencia y puso en marcha el Comando Unificado Pataz. Según el Ministerio de Defensa, durante el primer año se ejecutaron más de 2,500 patrullajes y 67 operaciones militares, afectando economías ilegales por un valor superior a S/ 249 millones.
Sin embargo, el consejero regional Luis Rodríguez sostuvo que los resultados aún son insuficientes. Señaló que la provincia cuenta con una comisaría que dispone de apenas ocho policías para atender a una población cercana a los 20 mil habitantes, situación que dificulta garantizar la seguridad.
La minería ilegal alimenta el crimen organizado
De acuerdo con información policial, el incremento de la violencia comenzó cuando organizaciones criminales provenientes de Trujillo y otras ciudades llegaron inicialmente para brindar seguridad a pequeños mineros, pero posteriormente tomaron el control de socavones y se involucraron directamente en la extracción ilegal de oro.
El fiscal superior Frank Robert Almanza Altamirano explicó que la disputa por territorios con alta concentración de mineral ha incrementado los enfrentamientos entre grupos criminales, convirtiendo a Pataz en uno de los escenarios más violentos del país.
Expertos plantean reformas urgentes
Especialistas consideran que la lucha contra la minería ilegal no puede limitarse únicamente a operativos militares y policiales. El abogado ambientalista César Ipenza propuso fortalecer el control sobre maquinaria pesada, explosivos e insumos químicos utilizados en actividades ilícitas, además de revisar el funcionamiento del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Por su parte, el gerente regional de Defensa Nacional, Edwin Dávila, planteó reforzar la presencia de unidades especializadas para controlar el ingreso de armas, municiones y explosivos hacia la provincia.
Las cifras reflejan la gravedad del problema. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), en 2025 Pataz registró 92 homicidios por cada 100 mil habitantes, casi diez veces más que el promedio nacional de 9.3, consolidándose como uno de los mayores desafíos de seguridad que deberá afrontar el nuevo gobierno.