El Congreso de la República decidió retirar los beneficios logísticos y de personal asignados al expresidente Ollanta Humala, tras ser condenado a 15 años de prisión efectiva por lavado de activos agravado. La medida responde a la aplicación de una normativa vigente que suspende estos apoyos a exmandatarios judicialmente sancionados.
El Congreso de la República aprobó en su sesión número 38 la suspensión de los beneficios que se otorgaban al expresidente Ollanta Humala. Esta decisión fue tomada tras la sentencia emitida por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, que declaró culpable a Humala como coautor del delito de lavado de activos agravado y lo condenó a 15 años de prisión efectiva.
Como consecuencia, el expresidente perdió el derecho al préstamo de un vehículo oficial, el suministro de combustible y la asignación de un trabajador bajo la modalidad de contrato administrativo de servicios (CAS), beneficios que se le brindaban de forma liberal.
Fundamento legal y respaldo institucional
La decisión del Congreso se basó en el Acuerdo N.° 078-2016-2017/MESA, que establece la suspensión de apoyos logísticos y personales a ex presidentes condenados judicialmente. Este acuerdo fue aplicado conforme a la sentencia del tribunal penal y respaldado por los informes de la Asesoría Jurídica y el Departamento de Recursos Humanos del Parlamento.
Este caso marca un precedente en la aplicación rigurosa de las normas que regulan los beneficios otorgados a ex jefes de Estado, subrayando el compromiso de las instituciones con la transparencia y la legalidad.
Medidas y contexto
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Se suspendió el préstamo de un vehículo oficial asignado al ex presidente.
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Se anuló el suministro de combustible para el uso de dicho vehículo.
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Se retiró al personal contratado bajo la modalidad CAS que prestaba servicios al expresidente.
Estos beneficios, otorgados a título de liberalidad, quedan ahora sin efecto debido a la condena judicial vigente.
El Congreso reafirma así su postura de no brindar apoyos a ex mandatarios que hayan sido sentenciados por delitos graves, contribuyendo a la institucionalidad y al respeto a la ley en el país.