Un reciente informe pericial forense podría marcar un giro decisivo en la investigación contra Luis Cueva Rojas, presidente de la ronda campesina del centro poblado Vijus, en la provincia de Pataz. El dirigente fue señalado en un reportaje del programa Cuarto Poder por su presunta participación en un caso de homicidio calificado ocurrido en noviembre de 2023. Sin embargo, el resultado de una pericia clave desacredita una parte central de la acusación.
El peritaje, emitido por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP), indica que no se encontraron restos biológicos en la base de la ronda campesina de Vijus, lugar donde supuestamente se habrían cometido torturas. El análisis se realizó utilizando el reactivo Bluestar Forensic, una herramienta especializada para detectar fluidos como sangre. La inspección no arrojó luminiscencias compatibles, lo que contradice directamente las versiones que hablaban de actos violentos cometidos en el inmueble.
Este resultado representa un respaldo para la defensa de Cueva Rojas, quien ha sostenido desde el inicio que no existen pruebas materiales que lo vinculen al caso. Su abogado señaló que el informe técnico confirma la inocencia de su defendido y desmonta una narrativa que, según afirma, carece de sustento legal o científico. También manifestó que seguirán colaborando con las autoridades para que se esclarezcan los hechos en el marco del debido proceso.
La denuncia original, presentada en un reportaje televisivo, incluía el testimonio de un presunto sobreviviente, quien aseguró que Cueva Rojas lideró un grupo que habría secuestrado y asesinado a cinco personas, cuyos cuerpos fueron arrojados al río Marañón. No obstante, la reciente evidencia pericial pone en duda la veracidad de ese relato, al no haberse encontrado señales físicas que corroboren la comisión del crimen en la sede de la ronda campesina.
Este nuevo elemento podría influir significativamente en el rumbo del proceso judicial y en la evaluación de las pruebas presentadas hasta el momento por la parte acusadora. Por ahora, las investigaciones continúan bajo la supervisión del Ministerio Público.