El Consejo de ministros define este jueves el articulado final del proyecto de ley con el cual solicitará al Congreso la delegación de facultades legislativas por un plazo de 120 días calendario. La propuesta busca otorgar al Ejecutivo la capacidad de emitir decretos legislativos en materias clave como seguridad ciudadana, reforma del Estado, reactivación económica, tributación y régimen laboral. El trámite inicia un proceso determinante para la gestión actual, dado que la iniciativa deberá ser evaluada por la Cámara de Diputados y el Senado en un esquema parlamentario bicameral.
La discusión del Gabinete se da en un momento decisivo para medir el verdadero contrapeso político entre los poderes del Estado y la capacidad de negociación del Gobierno frente a una representación nacional diversa. En este escenario, el Ministerio de Economía y Fin (MEF) asume un rol protagónico al concentrar gran parte de los ejes técnicos orientados a la desregulación, la simplificación tributaria y el fomento de la inversión privada, factores que pondrán a prueba la influencia real de dicha cartera dentro de la agenda gubernamental. En paralelo, el debate sobre el pedido de facultades coincide con un análisis sobre la dinámica interna del oficialismo y la distancia institucional observada entre la figura de la presidenta Keiko Fujimori y la estructura partidaria de Fuerza Popular. Aunque el partido ostenta una presencia relevante en el hemiciclo, analistas señalan que la Jefa de Estado ha procurado marcar una línea de autonomía operativa respecto a la dirigencia de su organización política para preservar la gobernabilidad y moderar los cuestionamientos de la oposición.
Esta separación deliberada pretende proyectar una imagen de neutralidad institucional en la toma de decisiones del Gabinete, minimizando los roces entre la bancada parlamentaria y el entorno presidencial. La evaluación de este proyecto en las comisiones parlamentarias determinará si el consenso político prevalece sobre el cálculo partidario en la actual coyuntura.