El Ejecutivo, a través del Decreto Supremo N°009-2025-JUS, ha modificado las condiciones para ocupar la presidencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), eliminando exigencias clave como no ser deudor de alimentos y contar con idoneidad profesional. Esta medida se da tras más de un mes sin un titular en la institución encargada de la administración de las cárceles en el país.
La norma, firmada por la presidenta Dina Boluarte y publicada en el Diario Oficial El Peruano, busca agilizar el nombramiento del nuevo jefe del INPE, cargo vacante desde hace semanas. Hasta ahora, los aspirantes debían cumplir con requisitos que garantizaban un perfil ético y profesional adecuado para gestionar el sistema penitenciario peruano.
Sin embargo, la reciente modificación ha eliminado estas condiciones, lo que ha generado cuestionamientos sobre la calidad del liderazgo que asumirá el control de las prisiones. La eliminación de la exigencia de “idoneidad profesional” y la posibilidad de nombrar a personas que sean deudoras de pensiones alimenticias abren un debate sobre la idoneidad del personal que dirigirá esta entidad crítica para la seguridad y rehabilitación en el país.
Este cambio legislativo se produce en un contexto en el que el exministro Gustavo Adrianzén había anticipado la pronta designación de un nuevo presidente del INPE, pero no se concretó la elección. La falta de un liderazgo firme en el organismo ha sido señalada como un factor que podría afectar la gestión de las cárceles y la atención a los internos.
El Instituto Nacional Penitenciario es responsable de la administración y supervisión de los centros penitenciarios en Perú, donde se enfrentan desafíos significativos como la sobrepoblación, la violencia interna y la necesidad de programas efectivos de rehabilitación. Por ello, el perfil del nuevo jefe es considerado fundamental para mejorar las condiciones del sistema penitenciario.
La decisión del Gobierno ha provocado diversas reacciones en el ámbito político y social, donde algunos sectores expresan preocupación por la relajación de los requisitos que garantizan la idoneidad del futuro titular del INPE. Aun así, la medida apunta a facilitar un nombramiento rápido, en respuesta a la urgencia de contar con una autoridad en la institución penitenciaria.