El exministro del Interior, Juan José Santiváñez, deberá permanecer en territorio nacional por los próximos 18 meses, según una orden emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Esta medida responde a una investigación por presunto tráfico de influencias, vinculada a un supuesto soborno de US$20.000 destinado a magistrados del Tribunal Constitucional, con el fin de favorecer a un investigado.
La decisión revoca un fallo previo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que había denegado el impedimento de salida argumentando que Santiváñez contaba con arraigos familiares y laborales. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que su cargo actual en el Gobierno como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental de la Presidencia del Consejo de Ministros no constituye un empleo estable, y que su estudio jurídico tiene presencia en Chile y México, lo que implica riesgo de fuga.
Según la tesis fiscal, Santiváñez asumió la defensa legal de Miguel Marcelo Salirrosas en 2021 y, tras agotar sin éxito recursos legales ante el Poder Judicial, presentó un recurso al Tribunal Constitucional. En 2024, ya como ministro, habría sostenido conversaciones con allegados del procesado, en las que se menciona un pago de US$20.000 presuntamente dirigido a “asesores externos”, pero que, según testigos protegidos, estaban destinados a magistrados del Tribunal. La Fiscalía considera estos hechos como elementos graves que justifican la restricción migratoria impuesta.
