La Mesa Directiva del Congreso de la República aprobó una norma que autoriza la contratación ilimitada de personal de confianza sin concursos públicos, requisitos académicos ni experiencia laboral, según revelaciones recientes. Esta medida, vigente desde la gestión de José Williams y continuada por Eduardo Salhuana, ha generado críticas por promover contrataciones discrecionales y elevar el gasto estatal.
A través del Acuerdo de Mesa 072-2022-2023, se oficializó una disposición que permite a los miembros del Congreso designar personal de confianza sin pasar por filtros meritocráticos. La norma elimina la necesidad de contar con currículum validado, títulos de posgrado o experiencia profesional, y únicamente exige el aval del presidente del Parlamento.
Durante la gestión de Salhuana, actual titular del Congreso, las contrataciones bajo esta modalidad se han incrementado notablemente. De acuerdo a cifras oficiales, solo entre agosto de 2023 y mayo de 2025, el gasto en personal de confianza adicional alcanzó los 3.5 millones de soles.
En comparación, durante el 2023, bajo la presidencia de José Williams, se destinó poco más de 2 millones de soles para este tipo de contrataciones. Posteriormente, en el periodo de Alejandro Soto, la cifra subió a más de 3.1 millones. Sin embargo, con Salhuana, en apenas nueve meses, el gasto ya supera lo invertido en las gestiones anteriores.
Solo en abril de 2025, se pagaron 491,810 soles a 58 trabajadores contratados bajo esta norma, generando cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.
Expertos como Marco Montoya, especialista en contrataciones públicas, advierten que esta norma “institucionaliza el clientelismo político” al permitir contrataciones sin transparencia ni control, lo que podría derivar en irregularidades administrativas y legales.
Uno de los casos emblemáticos es el de Jimmy Torres, asesor directo de Salhuana, quien fue incorporado sin concurso alguno. A pesar de no contar con maestría y tener una formación básica en negocios internacionales, percibe un salario de 15 mil soles. Según registros migratorios, realiza frecuentes viajes al extranjero, lo que ha despertado sospechas sobre el uso de fondos públicos.
El Ministerio Público investiga si Torres incurrió en el delito de negociación incompatible por su presunta participación en contrataciones sin cumplir con los requisitos mínimos establecidos para el cargo.
Esta situación ha generado preocupación entre congresistas y ciudadanos, al evidenciarse una falta de control en el manejo del presupuesto institucional y una política de contratación que prioriza vínculos personales por encima del mérito profesional.