La Contraloría General de la República detectó un presunto perjuicio económico de S/ 1 845 823 al Estado por irregularidades vinculadas a una obra vial que conecta el óvalo Turicarami, en Sullana, con el centro poblado de Jíbito, en el distrito de Miguel Checa, región Piura. El informe de auditoría señala presunta responsabilidad civil y administrativa de funcionarios, exfuncionarios y servidores de la Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna.
Observaciones en expediente técnico de carretera
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 020-2026-2-5349-AC, la entidad contrató en septiembre de 2022 la elaboración del expediente técnico por un monto de S/ 733 270. Sin embargo, los auditores indicaron que no se verificaron correctamente los requisitos del personal clave del consorcio consultor.
Además, se identificó que la documentación presentada habría contenido información inexacta, lo que permitió la adjudicación del servicio y afectó la calidad del expediente técnico elaborado.
La Contraloría también observó que se aprobaron informes con información incompleta en estudios fundamentales como tránsito y transporte, mecánica de suelos y topografía.
Perjuicio económico durante la ejecución de la obra
Las deficiencias detectadas generaron modificaciones al expediente técnico y posteriormente ocasionaron la resolución del contrato de ejecución de la obra. Esto produjo un perjuicio económico de S/ 659 943 por pagos realizados y la devolución de la garantía de fiel cumplimiento.
Asimismo, el órgano de control identificó una presunta sobrevaloración en los precios de equipos considerados para la obra, como un martillo hidráulico para minicargador y un aplicador de curador, generando un perjuicio adicional de S/ 1 185 880.
Contraloría pide acciones contra responsables
Tras la auditoría, la Contraloría informó que identificó presunta responsabilidad civil en cuatro personas, entre ellas funcionarios, exfuncionarios y una servidora pública.
Por ello, recomendó a la Procuraduría Pública correspondiente iniciar las acciones legales para recuperar los recursos afectados. También solicitó al Órgano Instructor evaluar la responsabilidad administrativa funcional de siete personas involucradas en los hechos observados.