Un caso que genera cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión pública regional salió a la luz en Tumbes, tras conocerse una investigación administrativa que involucra a una familiar directa de la gobernadora regional por presuntas contrataciones con entidades del Estado.
Se trata de Rosa Karime de Lama Hirsh, trabajadora del sector Salud y proveedora estatal, quien fue incluida en un procedimiento sancionador iniciado por el Tribunal de Contrataciones Públicas del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas (OECE), por una presunta infracción relacionada con la contratación con el Estado pese a un posible impedimento legal por vínculos familiares con una autoridad regional.
La investigación se originó por órdenes de servicio emitidas desde entidades públicas de Tumbes, entre ellas la Dirección Regional de Salud, durante el periodo en que la actual gobernadora ejercía funciones como vicegobernadora.
Sin embargo, el proceso no concluyó con una sanción debido a que las entidades involucradas no remitieron documentación suficiente para acreditar la legalidad de las contrataciones. Entre los documentos observados figuran órdenes de servicio, comprobantes de pago, conformidades de recepción y evidencias de ejecución contractual.
Ante la falta de información, la Cuarta Sala del Tribunal resolvió no imponer sanción administrativa, aunque dejó constancia de la ausencia de colaboración por parte de las entidades involucradas y dispuso comunicar el caso a los órganos de control para las acciones correspondientes.
El caso ha generado debate en el ámbito político y ciudadano, debido a las interrogantes sobre la transparencia de las contrataciones públicas y los posibles conflictos de interés. Hasta el momento, las autoridades regionales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la investigación.
