El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el alcalde de Jaén, José Lizardo Tapia Díaz, y los representantes del Consorcio Jesús María por el presunto delito de Alteración del Ambiente o Paisaje, a raíz de la ejecución de obras en la faja marginal de la quebrada Amojú sin las autorizaciones necesarias.
La investigación, a cargo de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Ignacio, liderada por el fiscal Miguel Ángel Quijano Sena, se centra en el proyecto “Creación del corredor bioturístico, comercial y cultural del malecón de la quebrada de Jaén”, valorizado en más de 5.8 millones de soles. Según la disposición fiscal, los trabajos se desarrollan sobre un bien de dominio público hidráulico que, por ley, es inalienable e imprescriptible.
Entre los fundamentos de la investigación, se advierte que la municipalidad inició excavaciones y construcciones sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y sin contar con certificación ambiental. Además, informes técnicos señalan una afectación directa al cauce de la quebrada, pese a las advertencias previas emitidas por la ANA.
De acuerdo con el Código Penal, el delito de Alteración del Ambiente o Paisaje puede ser sancionado con hasta cuatro años de prisión. La Fiscalía ha ordenado la toma de declaraciones, la constatación en campo y la aplicación de medidas cautelares como la paralización inmediata de las obras y la posible demolición de lo ya construido.
Asimismo, la municipalidad y el consorcio podrían enfrentar multas de hasta 10,000 UIT y la obligación de restaurar la zona afectada. La autoridad hídrica ha reiterado que las fajas marginales son bienes de dominio público y no pueden ser utilizadas para fines distintos a los establecidos por ley.