La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) inició diligencias preliminares contra el alcalde de La Punta, Ramón Garay, y representantes de la empresa ejecutora de una obra valorizada en S/1,5 millones, tras denuncias de vecinos que alertan sobre una posible afectación ambiental en la zona de La Arenilla, en el Callao. El caso ha generado preocupación debido a que el área intervenida es considerada por residentes como un ecosistema costero de importancia para diversas especies de flora y fauna.
Vecinos cuestionan impacto de la obra
La intervención contempla la instalación de juegos infantiles mediante la modalidad IOARR. Sin embargo, vecinos sostienen que el proyecto se desarrolla sobre un espacio que identifican como humedal costero y denuncian la reducción de áreas verdes, además de la remoción de árboles y palmeras.
Los residentes también cuestionan el incremento del presupuesto de la obra, que habría pasado de aproximadamente S/900 mil a S/1,5 millones. Por ello, exigen mayor transparencia sobre los costos y la ejecución del proyecto.
Municipalidad rechaza acusaciones
El alcalde Ramón Garay rechazó las denuncias y aseguró que la obra cumple con todos los requisitos técnicos y legales. Según explicó, La Arenilla no constituye un humedal natural reconocido oficialmente, sino un espacio generado por intervenciones humanas ocurridas décadas atrás.
La comuna indicó además que el proyecto no requiere un estudio de impacto ambiental específico porque cuenta con una clasificación anticipada dentro del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). También afirmó que los juegos infantiles serán instalados en una zona previamente intervenida y no dentro del espejo de agua.
Fiscalía continuará con las diligencias
Durante una reciente inspección realizada por la FEMA y especialistas ambientales, vecinos informaron sobre el hallazgo de aves muertas en el sector intervenido. Este hecho será evaluado dentro de las investigaciones que buscan determinar si existió algún impacto sobre el ecosistema local.
Mientras tanto, el Ministerio Público continuará recabando documentación técnica, informes ambientales y declaraciones de las partes involucradas para esclarecer si hubo irregularidades en la ejecución del proyecto municipal.