La fiscalía provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios ha solicitado seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos para el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, así como para la exgerente de Moche, Diana Tello, por presuntas asesorías fantasmas durante la gestión 2019-2022.
La Fiscalía ha solicitado una pena de seis años de prisión para Mario Reyna Rodríguez, actual alcalde de Trujillo, por su presunta implicación en un caso de colusión agravada relacionado con la contratación de servicios de asesoría que nunca fueron realizados. Junto a Reyna, también se ha pedido la misma pena para Diana Tello Murrugarra, exgerente de la Municipalidad de Moche, y para el empresario Pedro Alfaro, propietario de la empresa Alfred y Marshall Consulting E.I.R.L.
Según la acusación del fiscal Roberto Lecaro Alvarado, el caso se originó tras las denuncias de irregularidades en la contratación de asesorías entre 2019 y 2022 durante la gestión del exalcalde de Moche, Arturo Fernández. Tello, quien en ese entonces dirigía la municipalidad, habría solicitado la contratación de un estudio jurídico externo para ofrecer asesoría, sin embargo, los trabajos nunca habrían sido completados, y las facturas presentadas carecían de la documentación que acreditara la prestación de servicios.
En total, la investigación identificó 21 facturas «ficticias» por un monto de 94 mil soles. A pesar de la falta de evidencia de los trabajos realizados, Tello habría emitido informes confirmando la entrega de los servicios. Además, se descubrió que la empresa contratada, dirigida por Pedro Alfaro, tenía su domicilio en la vivienda de Reyna, lo que aumenta las sospechas sobre la complicidad del alcalde en el presunto fraude.
La acusación también detalla que Mario Reyna, en su calidad de abogado y vinculado a la empresa de Alfaro, habría concertado con Tello para defraudar al Estado, utilizando su influencia para aprobar pagos que no correspondían a servicios reales.
La solicitud de pena y la inhabilitación para los involucrados será evaluada por el Poder Judicial, mientras continúan las investigaciones sobre este caso de corrupción.