El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, calificó de «totalmente irresponsable» el anuncio realizado por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, sobre la no renovación del contrato de concesión del Proyecto Olmos con la Concesionaria Trasvase Olmos S.A. (CTO), subsidiaria del grupo Novonor (anteriormente Odebrecht). Esta declaración fue hecha durante una entrevista con RPP, en la que el premier afirmó que la decisión se debía a la falta de condiciones y a la intención del Gobierno de no asociarse con empresas vinculadas a la corrupción.
Adrianzén Olaya expresó: «No se va a renovar ese contrato, es categórico, porque no hay condiciones y porque en el Estado peruano y en el Gobierno de la presidenta no nos casamos con la corrupción, ni con Odebrecht ni con ninguna de sus empresas fachada».
Por su parte, Pérez Flores subrayó que, aunque está de acuerdo con que la empresa no continúe encargada de la concesión, considera que el anuncio realizado carece de un análisis técnico legal adecuado y responde a un discurso político. Aseguró que «Novonor no está impedida de contratar con el Estado» y señaló que la empresa figura en el registro de la OSCE y tiene su código de prestación de servicios, lo que la habilita legalmente para seguir operando.
El gobernador de Lambayeque también destacó que el proyecto Olmos ha impulsado importantes inversiones de más de 3,000 millones de dólares en empresas agroindustriales, cuyos contratos estipulan reparaciones civiles en caso de suspensiones del servicio hídrico. Según Pérez Flores, esta decisión podría dejar al Estado vulnerable y sin alternativas viables. «Hasta la fecha, no tenemos otra opción», manifestó, haciendo un llamado a las autoridades del Ejecutivo a proponer una solución técnica y legal.
Pérez Flores también advirtió que si se lleva a cabo la suspensión del proyecto, el Estado tendría que asumir la responsabilidad de indemnizar a las empresas involucradas, lo que podría generar un perjuicio directo al erario público. Además, destacó la falta de una evaluación seria del recrecimiento de la presa Limón, una posible solución al problema de la escasez de agua en la región.
El gobernador calificó la postura del Ejecutivo como una «irresponsabilidad total», pues, a su juicio, no se ha considerado un plan de acción concreto para el término del contrato con la concesionaria, cuyo vencimiento está previsto para septiembre próximo. Afirmó que, en caso de no tomar una decisión adecuada, las empresas podrían recurrir a los tribunales, lo que derivaría en procesos legales que afectarían al Estado.
En ese sentido, Pérez Flores también reveló que, a fines de marzo, envió un documento a la presidenta Dina Boluarte solicitando una reunión para abordar esta situación, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. «No hay propuesta, no hay respuesta, y lo único que hay es pantalla para hablar sin un plan real», concluyó.