Crimen organizado expande control del oro ilegal.
La provincia de Pataz, en la región La Libertad, enfrenta uno de los episodios más violentos asociados a la minería ilegal en el país. En 2025, el asesinato de 13 trabajadores se convirtió en el hecho más sangriento dentro de una confrontación clandestina entre organizaciones criminales que se disputan el dominio del oro. Estas redes emplean armamento de alto calibre, extorsiones constantes y control territorial para sostener sus operaciones.
Pese a la declaratoria reiterada de estados de emergencia, las mafias continúan ampliando su presencia y trasladando miles de toneladas de mineral sin trazabilidad ni supervisión efectiva, lo que ocasiona cuantiosas pérdidas económicas al Estado. Especialistas señalan que el escenario ha dejado de ser un problema de minería informal y responde ahora a una estructura criminal organizada, con capacidad de infiltrar entidades públicas y tomar control de amplias zonas.
La situación no es exclusiva de Pataz. En la región Cajamarca se investigan presuntos nexos de agentes policiales con actividades vinculadas a la minería ilegal, lo que incrementa la preocupación por la penetración de estas redes en instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
En La Rinconada, ubicada en la región Puno, esta actividad ilícita continúa generando severos daños ambientales, entre ellos contaminación y deforestación, además de un aumento sostenido de la violencia. Mientras tanto, el oro sigue saliendo del país y fortaleciendo una economía criminal que avanza con mayor rapidez que la capacidad de respuesta estatal.