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El Poder Judicial ordenó la incorporación del partido político Fuerza Popular (FP) como persona jurídica en el proceso penal que se sigue contra su exsecretario general Joaquín Ramírez y otros investigados, en el marco del denominado caso Alas Peruanas, vinculado a presuntos delitos de lavado de activos.
La decisión fue adoptada por la jueza Margarita Salcedo, quien declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público, presentado el 30 de abril de 2025 por la Fiscalía de lavado de activos. La magistrada precisó que el pedido fue formulado dentro del plazo procesal correspondiente y que su tramitación se vio retrasada por las reiteradas recusaciones presentadas por los investigados.
Durante la audiencia, la defensa legal de Fuerza Popular solicitó que el requerimiento sea declarado improcedente, argumentando falta de imputación concreta y el vencimiento del plazo de la investigación preparatoria. Sin embargo, la jueza declaró infundada dicha oposición, al considerar que se cumplieron los presupuestos legales para admitir la incorporación de la persona jurídica en el proceso penal.
Mediante resolución emitida el 15 de diciembre de 2025, la magistrada dispuso que el órgano social del partido —antes Partido 2011— designe un apoderado judicial en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de ser designado por el propio despacho judicial.
La tesis fiscal sostiene que Fuerza Popular habría recibido aportes ilícitos provenientes de empresas vinculadas a Joaquín Ramírez y presuntas actividades irregulares relacionadas con la Universidad Alas Peruanas, como parte de una presunta organización criminal orientada a alcanzar el poder político.