La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/ 54,000 en la Municipalidad Distrital de Túcume debido al incremento y pago irregular de dietas a los regidores durante el año 2025. El hallazgo fue consignado en el Informe de Control Específico N.° 018-2026-2-0427-SCE, que identifica presuntas responsabilidades en funcionarios y autoridades ediles.
Según la auditoría, entre abril y diciembre de 2025 el Concejo Municipal aprobó un aumento de las dietas de los regidores, pese a que la legislación vigente prohibía modificaciones de este tipo durante el ejercicio presupuestal.
Dietas se triplicaron tras acuerdo municipal
De acuerdo con el informe, hasta marzo de 2025 los regidores percibían una dieta mensual de S/ 660, monto fijado al inicio de la gestión municipal en 2023.
Sin embargo, mediante un acuerdo de concejo aprobado el 16 de abril de 2025, se autorizó un reajuste que elevó la dieta a S/ 1,860 mensuales, equivalente al 30 % de la remuneración del alcalde, cuyo sueldo asciende a S/ 6,200.
La Contraloría sostiene que esta decisión contravino la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, norma que prohíbe incrementos remunerativos y de dietas durante dicho periodo.
Identifican presuntas responsabilidades
El órgano de control también advirtió que se incumplió la Ley Orgánica de Municipalidades, la cual establece que las dietas de los regidores deben fijarse únicamente durante el primer trimestre del primer año de gestión.
Además, señala que funcionarios de distintas áreas emitieron opiniones e informes favorables para viabilizar el incremento pese a existir criterios previos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que desaconsejaban este tipo de reajustes fuera del plazo legal.
Entre los involucrados figuran funcionarios de Asesoría Jurídica, Planeamiento y Presupuesto, así como de Administración. Asimismo, el informe precisa que cuatro regidores votaron a favor de la medida.
Contraloría pide acciones legales
Como resultado de los hallazgos, la Contraloría recomendó a la Procuraduría Pública iniciar las acciones correspondientes para recuperar los recursos del Estado presuntamente afectados.
De igual manera, solicitó al alcalde de Túcume adoptar las medidas necesarias para determinar las responsabilidades administrativas que correspondan a los funcionarios y autoridades involucradas en el caso.