La lucha contra la minería ilegal en la región Cajamarca ha sido reforzada tras la declaratoria de emergencia en diversos puntos críticos, especialmente en la provincia de San Ignacio, donde se ejecutan operativos de interdicción con participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
El director regional de Energía y Minas, Víctor Cusquisibán, informó que las acciones se concentran en la zona fronteriza con Ecuador y el cauce del río Chinchipe, áreas donde la actividad ilegal ha mostrado un incremento preocupante.
Operativos en zonas críticas
Las intervenciones buscan erradicar el uso de maquinaria pesada y dragas en los ríos, prácticas prohibidas por su grave impacto ambiental y daño a las fuentes de agua.
Según la autoridad regional, estas acciones forman parte de una estrategia integral liderada por el Gobierno Regional de Cajamarca a través del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), con un comando de coordinación operativa que supervisa los resultados en campo.
Presencia de redes criminales
Cusquisibán advirtió que la minería ilegal estaría vinculada a estructuras del crimen organizado, con presunta presencia de bandas procedentes de Ecuador y de la zona de Pataz, en La Libertad.
Estos grupos operarían bajo la fachada de supuestos permisos mineros, incorporando mano de obra vinculada a actividades ilícitas que generan violencia en comunidades locales.
Impacto en la seguridad
La autoridad regional señaló que ya se han registrado hechos violentos asociados a estas actividades, como el ocurrido recientemente en Tandayoc, donde disputas entre clanes mineros terminaron con la muerte de un trabajador.
Asimismo, indicó que aunque las rondas campesinas y urbanas han contribuido a contener la expansión del problema, la situación requiere una presencia estatal constante.
Intervención en varias provincias
El mapa de intervención se mantiene activo no solo en San Ignacio, sino también en distritos de Cajabamba, Celendín, Hualgayoc, Chota, San Marcos y Contumazá, donde la minería ilegal continúa en expansión.
Las autoridades recalcan que esta actividad ilícita no tributa al Estado y genera graves pasivos ambientales que posteriormente deben ser asumidos por el sector público.