El decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, José Luis Medina Bueno, cuestionó la prórroga por 60 días del estado de emergencia decretado para combatir la minería ilegal y el crimen organizado en diversas regiones del país. Según sostuvo, la medida no tendrá resultados concretos mientras no exista un plan integral que defina objetivos, responsabilidades y acciones específicas para erradicar esta problemática.
En declaraciones a la Red de Comunicación Regional (RCR), el especialista afirmó que las declaratorias de emergencia aplicadas hasta el momento han carecido de una estrategia clara de intervención y recuperación de las zonas afectadas por la minería ilegal.
«No hay una ruta clara»
«Esta prórroga no va a permitir tener una solución clara o cumplir el objetivo con el cual se implementó inicialmente», manifestó Medina Bueno, al considerar que el Gobierno Central, junto con las autoridades regionales y locales, debe establecer un plan articulado para enfrentar este flagelo.
El economista señaló que es indispensable diferenciar a la minería ilegal de la minería informal y artesanal, promoviendo procesos de formalización para esta última.
«La ilegalidad hay que combatirla, pero a la minería informal y artesanal hay que darle una oportunidad para que se convierta en una actividad económica que genere empleos y oportunidades para miles de familias», expresó.
Alertan daños ambientales y efectos económicos
Medina Bueno advirtió que la minería ilegal viene ocasionando graves impactos ambientales en distritos y provincias de Cajamarca, entre ellas La Encañada, Cachachi, Sorochuco, Huasmín, Hualgayoc, Chugur, Bambamarca, San Ignacio y San José de Lourdes.
Asimismo, indicó que esta actividad también genera consecuencias económicas negativas debido a la evasión tributaria, el lavado de activos y la pérdida de ingresos para el Estado.
«Contribuye al incremento de la criminalidad, la extorsión, el robo y el sicariato», sostuvo.
El especialista reiteró que ampliar el estado de emergencia sin una hoja de ruta definida no resolverá el problema y demandó políticas públicas sostenibles que permitan recuperar el control de las zonas afectadas y fortalecer la formalización minera.