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jueves, julio 23, 2026

Aprueban ley que evita que policías y militares sean procesados por la justicia ordinaria

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El Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación un proyecto de ley que modifica el Código Penal Militar Policial y establece que los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas sean procesados en sus respectivos fueros institucionales por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. La iniciativa obtuvo 60 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones durante la sesión realizada este 12 de junio.

¿Qué establece la norma?

La propuesta busca impedir que existan procesos paralelos en la justicia ordinaria y en la jurisdicción militar-policial por los mismos hechos. De esta manera, si un caso es asumido por el fuero militar o policial, no podrá ser investigado simultáneamente por la vía judicial común.

El proyecto fue impulsado por la congresista Karol Paredes y recibió respaldo de diversas bancadas parlamentarias. Durante el debate, algunos legisladores solicitaron que el texto regresara a comisión para una revisión adicional; sin embargo, la propuesta fue rechazada por el Pleno.

Debate y cuestionamientos

La aprobación ha generado posiciones enfrentadas. Los defensores de la iniciativa sostienen que permitirá fortalecer la función militar y policial, además de evitar una supuesta duplicidad de procesos. También argumentan que brinda mayor seguridad jurídica a los agentes que actúan en cumplimiento de sus funciones.

Por otro lado, sectores críticos advierten que la medida podría limitar la intervención de la justicia ordinaria en casos donde existan presuntas vulneraciones de derechos o afectaciones a civiles. Diversas voces han señalado que el alcance de la norma podría abrir un nuevo debate sobre los límites de la jurisdicción militar en el país.

Lo que sigue

Al haber sido aprobada en primera votación, la iniciativa aún deberá cumplir las etapas legislativas correspondientes antes de convertirse en ley. El tema se perfila como uno de los más discutidos en la agenda política nacional debido a sus implicancias en el sistema de administración de justicia.

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