María Alejandra Ormeño, jefa de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), alertó que más de 11 millones 200 mil peruanos se encuentran en riesgo debido a lluvias intensas e inundaciones vinculadas al fenómeno de El Niño. Señaló que el Estado carece de políticas efectivas para la gestión de desastres naturales.
Según datos del CENEPRED, más de 35 mil instituciones educativas, 7 mil centros de salud y más de 3.6 millones de viviendas están en riesgo por inundaciones, lo que equivale a que aproximadamente 2 de cada 10 peruanos podrían verse afectados. Ormeño aclaró que esta cifra corresponde exclusivamente a riesgos por inundaciones, sin considerar otros fenómenos como movimientos en masa.
La especialista advirtió sobre una tendencia creciente en el número de emergencias. “En 2003 teníamos alrededor de 3,000 emergencias; para 2024, serán 14,000. Son cuatro veces más que hace 20 años”, indicó, y precisó que un tercio de estas emergencias se debe a lluvias intensas, cuya frecuencia se ha multiplicado por diez en las últimas dos décadas.
Ormeño señaló que las lluvias intensas afectan directamente actividades productivas, en especial la pequeña agricultura y la agroexportación. Algunas regiones presentan altos niveles de riesgo en superficie agrícola: Ica con 80%, Lambayeque con 70%, y Tumbes, Tacna y Arequipa con más del 40%.
La especialista también criticó la limitada capacidad de respuesta del Gobierno. Según encuestas, solo el 4% de la población asegura haber recibido ayuda estatal tras desastres, evidenciando la ausencia de un sistema consolidado de gestión de emergencias y prevención.
Solo el 30% de las entidades públicas cuentan con un plan de prevención de desastres, destacó Ormeño. Estos planes permiten actualizar catastros, delimitar zonas de riesgo y evitar construcciones en áreas vulnerables, pero su cobertura sigue siendo muy limitada.
Además, afirmó que, con voluntad política y capacidad técnica, se podría cubrir hasta el 50% de la población mediante planes municipales. “El problema no es solo presupuesto y capacidad, sino también intención y voluntad política”, subrayó, resaltando que los desastres naturales afectan directamente el empleo y los ingresos de la población.
Finalmente, la especialista señaló la debilidad institucional de los gobiernos regionales y locales para enfrentar emergencias. Indicó que la ejecución parcial de presupuestos, como en el caso de Arequipa, que solo alcanza el 60%, evidencia la necesidad de fortalecer la gestión de desastres para garantizar una protección efectiva a millones de peruanos.