El reciente nombramiento de Jorge Cotos Ochoa como nuevo jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha generado cuestionamientos luego de que se recordaran antecedentes administrativos vinculados a traslados irregulares de internos cuando ocupó cargos directivos en la institución.
Según información difundida por el diario La República, el funcionario fue sancionado en el pasado por autorizar el traslado de reclusos utilizando documentos judiciales falsificados, hecho que ocurrió cuando ejercía como director regional del sistema penitenciario.
Antecedentes por traslado irregular
De acuerdo con reportes periodísticos y registros administrativos, el caso se remonta al año 2008, cuando Cotos Ochoa autorizó el traslado de internos condenados por delitos graves como robo agravado y secuestro. La investigación determinó que los movimientos se realizaron mediante oficios judiciales falsificados.
Posteriormente, en 2014, el Tribunal del Servicio Civil confirmó su responsabilidad administrativa. Inicialmente se dispuso una suspensión sin goce de haber, aunque la sanción fue reducida luego a una amonestación escrita tras una apelación.
Operativos en penales
Pese a la controversia, el nuevo jefe del INPE inició sus funciones realizando operativos en diversos establecimientos penitenciarios. Uno de ellos se llevó a cabo en el penal de varones de Trujillo, donde se realizaron requisas para incautar objetos prohibidos y verificar las condiciones de seguridad en el recinto.
Las autoridades buscan reforzar el control en los centros de reclusión en medio de la crisis del sistema penitenciario, caracterizada por problemas de hacinamiento, inseguridad y presencia de redes criminales al interior de algunos penales.

