La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) defendió la contratación de la empresa M&T Corporation del Perú SAC, encargada de la auditoría informática de las elecciones generales 2026, luego de que un reportaje televisivo revelara que la compañía fue sancionada años atrás por el Estado. El organismo electoral afirmó que la firma no tenía impedimentos legales vigentes cuando se suscribió el contrato y aseguró que el proceso se realizó conforme a ley.
¿Qué observó la auditoría?
Según explicó la subgerente de Logística de la ONPE, Yuvitza Aguilar Ticona, la revisión realizada al momento de la contratación confirmó que la empresa se encontraba habilitada para contratar con el Estado. La funcionaria indicó que la sanción impuesta en 2016 ya había sido superada y que no existía ninguna norma que impidiera la participación de la compañía en nuevos procesos públicos.
El gerente de Informática y Tecnología Electoral, Roberto Montenegro Vega, detalló que la auditoría informática se extendió durante 168 días e incluyó evaluaciones al código fuente, sistemas de seguridad y plataformas electorales utilizadas durante los comicios. Además, sostuvo que los hallazgos detectados fueron corregidos antes de la jornada electoral.
La controversia surgió tras un reportaje emitido por Cuarto Poder, donde se reveló que M&T International recibió una inhabilitación administrativa hace varios años por presentar información inexacta en un proceso estatal. El caso se suma a los cuestionamientos que enfrenta la ONPE tras las elecciones del 12 de abril y los pedidos de auditorías independientes realizados por diversos sectores.
Crecen los cuestionamientos al proceso electoral
En las últimas semanas, gremios empresariales y organizaciones políticas solicitaron auditorías internacionales y mayor transparencia en los sistemas informáticos electorales. La ONPE, sin embargo, sostiene que los sistemas auditados cumplieron estándares de seguridad y garantizaron la transparencia del escrutinio.