La Autoridad Nacional del Agua (ANA) dispuso la paralización de la construcción de un dique de aproximadamente un kilómetro en el río Santa, al detectarse que los trabajos se ejecutaban sin la autorización correspondiente. La medida fue comunicada por Jorge Mejía Vargas, titular de la Administración Local del Agua (ALA) Santa Lacramarca Nepeña, al Consorcio Llicuas, responsable de la obra que se desarrolla en el sector Tanguche, en la región La Libertad.
Pese a que la orden de suspensión fue emitida el pasado 29 de mayo, los trabajos no habrían sido detenidos, situación que ha generado preocupación entre las autoridades y los pobladores de la zona.
Agricultores rechazan proyecto
La construcción del dique ha despertado el rechazo de agricultores y pobladores de los sectores Suchimán y Vinzos, en el distrito de Chimbote, región Áncash. Los ciudadanos sostienen que la infraestructura podría representar un riesgo para sus terrenos agrícolas y viviendas.
Según indicaron, aunque la finalidad de la obra sería proteger áreas agrícolas ubicadas en La Libertad, su ubicación —a más de 350 metros de la ribera del río— podría alterar el curso natural del agua y desviar el caudal hacia la margen izquierda, afectando a productores agrícolas ancashinos.
Cuestionan falta de autorización
La ANA informó que la ejecución de la obra no contaba con la autorización requerida, motivo por el cual se ordenó su inmediata paralización. Sin embargo, la continuidad de los trabajos tras la disposición ha incrementado la controversia en torno al proyecto.
Los agricultores consideran que cualquier intervención en el cauce del río debe contar con los permisos correspondientes y estudios técnicos que garanticen la seguridad de las comunidades cercanas.
Anuncian acciones legales
Frente a esta situación, dirigentes de la Comisión de Usuarios Suchimán anunciaron que evalúan presentar una denuncia contra Agrorural ante el Ministerio Público.
Asimismo, informaron que acudirán a la Contraloría General de la República para solicitar una investigación sobre la ejecución de la obra y determinar posibles responsabilidades administrativas o legales.
Mientras continúan las inspecciones y evaluaciones técnicas, los pobladores exigen la suspensión definitiva de los trabajos hasta que se esclarezca el impacto que podría generar la infraestructura en la cuenca del río Santa.