La población de diversas localidades del distrito de Mórrope continúa expuesta al consumo de agua con presencia de metales pesados, pese a que la emergencia fue declarada desde 2018. Un informe de la Contraloría General de la República advirtió que, ocho años después de las primeras alertas, las soluciones implementadas siguen siendo temporales y no existe un avance concreto en proyectos que garanticen agua segura para las familias.
Contraloría cuestiona falta de soluciones definitivas
De acuerdo con el Informe de Orientación de Oficio N.° 023-2026-OCI/0427-SOO, entre 2018 y 2019 se emitieron diversos decretos de emergencia para atender la contaminación del agua en sectores como Arbolsol, Cruz del Médano, Laguna, Carrizal, Casa Blanca, Tranca Fanupe y Tranca Sasape, donde se detectó la presencia de arsénico y plomo.
Sin embargo, el órgano de control señaló que las acciones ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Mórrope se han limitado al abastecimiento mediante camiones cisterna y plantas de tratamiento provisionales, sin resolver el problema de fondo.
Recursos se destinaron a gastos temporales
La Contraloría también identificó que los recursos asignados durante las emergencias fueron utilizados principalmente en gastos corrientes, como combustible, lubricantes, transporte, alimentación y alquiler de camiones cisterna, medidas que permitieron atender la emergencia, pero sin garantizar una solución permanente al abastecimiento de agua potable.
Aunque se realizaron coordinaciones con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional de Lambayeque para ejecutar proyectos de perforación de pozos tubulares profundos, el informe advierte que no existe un seguimiento continuo que asegure la ejecución de estas obras.
Población continúa dependiendo de cisternas
Al cierre de junio de 2026, el abastecimiento de agua en Mórrope continúa dependiendo de camiones cisterna cedidos temporalmente, cuya renovación debe realizarse cada seis meses. Esta situación mantiene en incertidumbre a cientos de familias que siguen expuestas a los riesgos para la salud derivados del consumo de agua contaminada con metales pesados.