Petroperú ratificó el decreto vinculado a su privatización y confirmó que gestiona un aval estatal de hasta 2.500 millones de dólares, en medio de cuestionamientos por su situación financiera. La decisión se da tras un cambio de postura del presidente del directorio, quien inicialmente había expresado dudas sobre la medida.
La empresa estatal busca este respaldo económico para asegurar su operatividad y cumplir con sus obligaciones financieras. El aval permitiría acceder a financiamiento en mejores condiciones, en un contexto de presión por deudas acumuladas y resultados negativos en los últimos años.
El titular de Petroperú, Alejandro Narváez Balcázar, se desdijo de declaraciones previas y confirmó la vigencia del decreto que abre paso a la participación privada. Este giro ha generado debate sobre el futuro de la empresa y el rol del Estado en su sostenimiento.
Desde el Ejecutivo, se ha señalado que el aval no implica un gasto inmediato, sino una garantía para facilitar operaciones financieras. Sin embargo, especialistas advierten que podría comprometer recursos públicos si la empresa no logra estabilizar su situación.
Petroperú enfrenta una compleja crisis financiera agravada por la deuda de la refinería de Talara y la volatilidad del mercado internacional. La posibilidad de privatización parcial o total ha sido tema recurrente en la agenda económica nacional.
El anuncio podría tener impacto en la percepción de inversionistas y en el debate político sobre el manejo de empresas estatales en el Perú.