Menor de 13 años falleció en presunto conflicto familiar en Puno.
Un caso que ha causado profunda conmoción se investiga en la provincia de Azángaro, región Puno. Yony Cuno Larico, músico de 28 años, confesó ante las autoridades su participación en la muerte de su sobrina, una adolescente de 13 años de iniciales G. Z. C. L., en un hecho que ha generado indignación y pedidos de justicia en la población.
De acuerdo con su declaración, la menor ingresó a su vivienda del jirón Ramón Castilla la noche del 29 de diciembre. En ese lugar se habría producido una discusión vinculada a problemas familiares y a la relación del acusado con la madre de la adolescente. Durante el altercado, la menor cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Cuno señaló que esperó durante un tiempo, pero al no obtener respuesta decidió trasladarla a otro inmueble.
El cuerpo fue llevado a un cuarto alquilado en el jirón Sandia, aprovechando el movimiento nocturno en la zona. Al día siguiente, el acusado adquirió diversas herramientas y manipuló el cuerpo en dicho lugar, para luego deshacerse de los restos a través del sistema de desagüe, presuntamente con la intención de ocultar lo ocurrido.
Cuno indicó que el móvil estaría relacionado con una supuesta venganza contra la madre de la víctima, a quien acusa de haber causado perjuicios a su familia en conflictos previos. Negó haber consumido alcohol o drogas y descartó cualquier tipo de abuso. Su abogado confirmó que la confesión se realizó de manera voluntaria.
La AREINCRI de Azángaro incautó herramientas, recipientes y otros elementos relevantes, además de realizar peritajes de luminol y pruebas de ADN en ambos inmuebles. Cámaras de seguridad registraron al acusado trasladando bolsas la noche de los hechos.
El Ministerio Público evalúa solicitar prisión preventiva y no descarta tipificar el caso como feminicidio agravado, considerando la edad de la víctima y el vínculo familiar. La fiscalía cuenta con un plazo de 72 horas para consolidar las pruebas.
El hecho provocó vigilias, protestas y expresiones de solidaridad con la familia de la menor. Vecinos y organizaciones sociales exigieron que el caso no quede impune y que se investiguen posibles antecedentes de violencia. La comunidad espera que el proceso judicial marque un precedente en la lucha contra la violencia hacia niñas y adolescentes en el país.