Autoridades distritales enfrentan graves cuestionamientos por presunta corrupción.
La provincia de San Miguel vive una crisis institucional sin precedentes. En menos de un mes, tres alcaldes distritales quedaron envueltos en investigaciones judiciales por presuntos delitos de negociación incompatible, peculado de uso y desaparición de bienes del Estado, generando preocupación sobre el manejo de los recursos públicos.
El caso más avanzado es el de Juvenal Ramírez Quispe, alcalde de Unión Agua Blanca, quien fue condenado en primera instancia a cuatro años de prisión efectiva y al pago de más de 420 mil soles por irregularidades en un contrato municipal. Su apelación será resuelta el próximo 29 de diciembre por la Segunda Sala Penal de Cajamarca. La fiscalía y la procuraduría anticorrupción sostienen que las gestiones irregulares no pudieron realizarse sin su conocimiento.
Otro hecho ocurrió el 9 de diciembre, cuando Amílcar Gil Zelda, alcalde de El Prado, fue detenido en Chiclayo por presunto peculado de uso, al ser sorprendido conduciendo una camioneta municipal fuera de su jurisdicción y sin autorización. La PNP desmintió su versión de que se dirigía a cumplir la revisión técnica.
La situación se agrava en Tongod, donde los vecinos denunciaron la desaparición de dos camionetas municipales, una de ellas involucrada en un accidente en Catilluc. La población exige respuestas al alcalde David Carranza Terrones, señalando que la comuna no cuenta con vehículos operativos, afectando los servicios básicos.
Ante estos hechos, los ciudadanos y organizaciones sociales exigen una acción inmediata del Ministerio Público y de los órganos de control para frenar la corrupción y recuperar la confianza en sus autoridades locales.