El Congreso de la República ha promulgado una controvertida ley que obliga a los medios de comunicación, tanto públicos como privados, a ceder de manera gratuita el 10% de su programación para la difusión de contenidos relacionados con la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta medida, impulsada por el Legislativo y rubricada por su presidente Eduardo Salhuana, fue aprobada pese a las advertencias del Poder Ejecutivo sobre los riesgos que representa para la libertad editorial y la sostenibilidad económica de los medios.
La ley establece que las instituciones públicas que forman parte del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia —como los ministerios de la Mujer y de Justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional— tendrán acceso gratuito a espacios en medios televisivos, radiales y escritos para transmitir mensajes educativos. Si bien el objetivo declarado es promover una cultura de respeto y prevención de la violencia, el carácter obligatorio y gratuito de esta cesión ha sido duramente cuestionado por especialistas y representantes del sector mediático.
Roberto Pereira, abogado penalista y especialista en libertad de expresión, advirtió que esta norma vulnera principios constitucionales al imponer a los medios contenidos definidos por el Estado. Según el jurista, aunque el fin sea legítimo, como es el combate contra la violencia, no se puede obligar a los medios a transmitir mensajes que podrían incluso contrariar su línea editorial. “El Estado no puede imponer contenido a los medios, ni siquiera con fines nobles. Esto afecta la libertad de expresión y representa una injerencia directa en el trabajo periodístico”, afirmó Pereira.
El especialista también criticó la improvisación con la que ha sido elaborada esta norma y la relacionó con una tendencia del Congreso a menospreciar el rol de la prensa. “Es una norma improvisada y forma parte de un patrón de hostilidad del Parlamento hacia los medios. Hoy es sobre violencia familiar, mañana podría ser sobre cualquier otro tema que decidan imponer”, advirtió.
Asimismo, Pereira remarcó que el problema de fondo no radica en los medios, sino en el propio Estado, al que responsabilizó por no implementar políticas eficaces de prevención ni mecanismos reales de sanción frente a la violencia familiar. Afirmó que los medios ya vienen cumpliendo una labor relevante al visibilizar estas problemáticas, mientras que el Estado no está cumpliendo con su responsabilidad de actuar y educar.
Frente a esto, el abogado explicó que existen dos vías legales para cuestionar la norma: una demanda de amparo que podrían presentar directamente los medios afectados, o una demanda de inconstitucionalidad, que tendría que ser interpuesta por entidades legitimadas como la Defensoría del Pueblo. En esa línea, instó a esta institución a asumir su rol y defender los derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional.
El Ejecutivo, por su parte, también se había pronunciado en contra de la ley, señalando que esta limita la libertad de programación de los radio difusores y que no se justificaba la gratuidad de la franja impuesta, además de advertir que podría afectar seriamente los ingresos de los medios, especialmente los más pequeños.